La reciente regularización extraordinaria supone un avance importante en la reducción de la vulnerabilidad y en la dignificación de las personas migrantes. Sin embargo, su diseño deja fuera a un colectivo especialmente expuesto: las personas en proceso de apatridia, en su mayoría vinculadas al pueblo saharaui.

Desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) analizamos esta medida poniendo el foco en sus efectos reales. El problema no es la regularización en sí, sino las exclusiones que genera en su aplicación.

Quienes se encuentran en proceso de reconocimiento de apatridia quedan atrapadas entre procedimientos que no se conectan: no tienen aún un estatuto jurídico reconocido, pero tampoco pueden acogerse a la regularización. Esta situación produce un limbo jurídico que puede prolongarse durante años, con consecuencias directas en el acceso efectivo a derechos.

En el caso saharaui, esta exclusión adquiere una dimensión adicional, al tratarse de una población vinculada a un proceso de descolonización aún no resuelto, en el que el Estado español mantiene responsabilidades jurídicas en el marco del Derecho Internacional.

No se trata de cuestionar la regularización, sino de completarla: que no deje fuera precisamente a quienes se encuentran en mayor indefinición jurídica.