La normalidad sigue siendo hoy la pauta en el refugio saharaui tras la alerta lanzada esta semana por el Ministerio de Exteriores español y la Ministra de Defensa sobre un atentado inminente en los campamentos.

La noticia ha generado gran malestar, además de en los países afectados y especialmente en el Gobierno de la RASD, en el movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui por el impacto negativo que la noticia va a causar en el programa de ayudas a la población refugiada.

Expertos antiterroristas han declarado que la información sobre este supuesto atentado inminente que la Ministra de Defensa atribuye a servicios de inteligencia extranjeros, podría provenir de Francia, Estados Unidos o Marruecos, ya que son estos países quienes tienen más equipos desplazados en el territorio de Mali desde donde se afirma que parte la amenaza. Sin embargo, ni Francia ni Estados Unidos han alertado a sus ciudadanos en los campamentos y por el contrario les han indicado que sigan trabajando con normalidad.

De la misma manera están operando las ONGs españolas que trabajan en los campamentos, que hoy nuevamente han recibido instrucciones de la Oficina de Coordinación de Seguridad de Naciones Unidas para que continúen su trabajo bajo las medidas de seguridad ya implantadas.

Tanto las familias, bajo la tutela de los servicios saharauis de seguridad, como el personal técnico desarrollan su estancia en los campamentos bajo protocolos de seguridad coordinados por los Gobiernos saharaui, argelino y la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental).

El riesgo cero no existe en ningún lugar del mundo. En este sentido, en estos momentos debemos lamentar los atentados que ocurrieron el viernes en Londres y ayer mismo en Casablanca contra una delegación de empresarios y clérigos judíos que estaban en Marruecos. El grupo fue atropellado por dos autobuses de forma intencionada, siguiendo la misma táctica empleada en el último atentado de Barcelona. Un miembro del grupo ha muerto y dos siguen ingresados en estado de máxima gravedad.

Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas y heridas y nuestra petición, especialmente al Gobierno español, para que en este tema sensible que afecta de forma global se trabaje en absoluta coordinación con todas los servicios de seguridad internacionales, sin instrumentalizaciones políticas ni frivolidades que puedan causar brechas en la seguridad de las personas de todos los países y dañar a las poblaciones más vulnerables.